El antropólogo advierte sobre la expansión global de la industria cultural de EE.UU. y el retiro estatal en la cultura de Latinoamérica.
La mejor política cultural es la que no existe? Escuché decir esta frase en versión afirmativa, sin signos de duda, a políticos colombianos y chilenos que se oponían a la creación de ministerios de cultura, a empresarios de varios países preocupados de que los Estados limitaran sus negocios y por supuesto a especialistas estadounidenses en mercadotecnia cultural. La iniciativa enviada en noviembre por la Secretaría de Hacienda de México al Congreso proponiendo suprimir organismos de promoción del cine y la formación de cineastas, las artesanías y la distribución de libros, exaspera esta corriente internacional que juzga como molestas a las políticas públicas nacionales de cultura.
Se anuncian mayores riesgos con las gestiones ya en curso en la OMC y en el ALCA para liberar las inversiones en cultura y comunicación. Son políticas dirigidas a quitar a los gobiernos y empresarios nacionales competencias en la producción, el financiamiento y la circulación de bienes culturales, a los artistas derechos sobre su autoría y a reducir la diversidad de la oferta para los públicos.
Es llamativo que la enorme transformación del papel del Estado en la cultura que representa quedarse sin el Instituto Mexicano de Cinematografía, sin el Centro de Capacitación Cinematográfica, ni los Estudios Churubusco, ni el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, ni EDUCAL (distribución de libros de organismos estatales, con más de 60 librerías) no surja de un debate público entre los que conocen y gestionan estos campos, ni de una evaluación de su potencialidad y deficiencias, sino de una iniciativa presupuestaria. Así se suprimieron en México organismos públicos a lo largo de los 80 y de los 90, se anularon los precios preferenciales para el envío postal de libros, se vendieron más de 200 salas estatales de cine y, ya en esta década, se quitaron incentivos a la industria editorial e inventaron impuestos para los escritores, los libros y las revistas, siempre con las excusas de la austeridad y el saneamiento financiero. Por no hablar de la reducción del 12.5% del tiempo fiscal en televisión al 1.25% que ni siquiera tiene ese pretexto, y que significó desperdiciar un espacio sin costo para difusión cultural, campañas de salud y educativas.
Además de defender la necesidad de las instituciones despreciadas, hay que cambiar el debate de terreno. El agravio a estos organismos culturales converge con esa afirmación de economistas y políticos, en varios países, de que la mejor política industrial o agraria es la que no se tiene, tendencia manifestada en la iniciativa presupuestaria mexicana que extirpa también varios centros de investigación.
El retiro del poder público es alarmante en el ámbito cultural, porque como atestiguan informes del BID, la CEPASL, la OEI y la UNESCO, las industrias culturales se han vuelto recursos muy dinámicos para la generación de riqueza y empleos, así como para la construcción de cultura política, consensos y ejercicio de la ciudadanía: son los lugares donde la mayoría se informa y entretiene. ¿Es necesario repetir que la industria audiovisual ocupa el segundo rubro de los ingresos por exportación de EE.UU. (en ciertas estimaciones el primero), representa el 6% del PBI y emplea a 1.300.000 personas? En Francia el sector cultural abarca el 2,5% del PBI; en Colombia sólo las industrias culturales aportan $.03%, valor superior a los restaurantes y hoteles, y al valor agregado del principal producto agrícola del país: el café.
Los productores transnacionales de discos y películas consideran a América Latina el mercado con tasas más altas de crecimiento desde los 90. Un informe reciente de la ONU muestra que entre 2001 y 2002 aumentó 35.5% el número de usuarios latinoamericanos de Internet, con lo cual la región aparece como la de mayor crecimiento en el mundo (Clarín 25/11/03) Sin embargo, desde hace una década el 80% de la facturación latinoamericana en industrias culturales está en manos de empresas ajenas a la región. Los expertos extranjeros se asombran de que pese a la enorme contribución de la producción local a la oferta de música internacional y a la preferencia de los públicos por lo generado en español, esto no ayuda a mejorar la posición económica de nuestras sociedades.
Cuando se argumentan las ventajas de no hacer políticas culturales desde los gobiernos suele mencionarse a EE.UU. : sin ministerio de ingerencia gubernamental lograron tener la industria cultural más próspera del mundo. Sin embargo, los estudios sobre el cine, no avalan esa afirmación. El predominio mundial de las películas estadounidenses se consiguió gracias al desarrollo temprano de la industria cinematográfica en ese país, lo cual acumuló experiencias profesionales, alto nivel técnico y conocimiento avanzado de los mercados. También influye la sintonía de su producción con los géneros predilectos de los públicos de casi todo el mundo, o sea las “películas de acción” (thriller, aventuras, espionaje). Pero no hubieran logrado su abrumadora expansión global sin la estructura semimonopólica de la distribución y la exhibición dentro de Estados Unidos, que van imponiendo al resto del mundo.
El gobierno estadounidense da exenciones impositivas a las 13 compañías de ese país que controlan el 96% de la distribución y proyección, permite su concentración monopólica, coloca barreras a la entrada de filmes extranjeros y presiona a otros gobiernos, como ha ocurrido en México, para que desregulen la distribución y exhibición eliminando cuotas de pantalla y cualquier protección a las cinematográficas nacionales. Sólo así pueden explicarse las cifras de las investigaciones de Enrique Sánchez Ruiz en México y Toby Miller en EE.UU.; en este país, donde en los 60 circulaba un 10% de películas importadas, ahora todas las extranjeras no ocupan más que el 0.75% del tiempo de pantalla. Porque el cine estadounidense es uno de los más subsidiados del mundo, esa sociedad tan multicultural es monolingüe en el cine y en gran parte del espectáculo mediático. Si 12 por ciento de la población (35 millones) es hispanoparlantes, es curioso que los “hispanos”, que asisten en promedio de a 9.9 películas anualmente, cifra mayor que la de espectadores anglo y afroamericanos, no puedan ver más que una o dos películas de España o América Latina en varios años. Los Ángeles, con 6.9 millones de hispanoparlantes, dispone de sólo siete salas para cine en esta lengua, y Nueva York, con 3.8 millones de habitantes en español, no tiene ninguna sala dedicada a este idioma en forma permanente.
Los privilegios de la producción hollywoodense están trasladándose a varios países latinoamericanos, debido al control de la distribución y la exhibición, por empresas estadounidenses, canadienses y australianas, y también mediante el procedimiento de block booking, la contratación por paquete de películas. Quiere decir que las distribuidoras, para vender, por ejemplo, El hombre araña o Matriz, obligan a las salas a comprar 30 filmes de bajo interés y calidad, y a programarlas durante los meses de mayor público. Si un exhibidor nacional, aunque sea tan poderoso como Cinépolis, con 1002 salas en México, coloca filmes no estadounidenses (latinoamericanos o europeos) en las semanas preferentes, será “sancionado” por las distribuidoras de EE.UU., privándolo de sus éxitos de taquilla.
Esta expansión sofocante para las cinematografías latinoamericanas y las presiones del gobierno estadounidense para desproteger las industrias nacionales, están siendo parcialmente compensadas gracias a fondos recaudados en algunos países con pequeñas cuotas de las entradas de cine y rentas de películas, y mediante los tiempos de pantalla destinados a películas nacionales. Las coproducciones de España, Francia y los apoyos de Ibermedia y otros fondos europeos han ido reactivando las cinematografías de Argentina, Chile y México. Si los institutos nacionales de cine desaparecen, sólo veremos las películas europeas, asiáticas y latinoamericanas que apadrinen distribuidoras estadounidenses.
“Perder es cuestión de método”. El título de una novela del colombiano Santiago Gamboa sirve para describir las últimas medidas de política cultural y científica en méxico. Lo demuestra la manía de pensar los gastos de cultura y ciencia como costo y no como inversión. Aun en términos económicos se conocen las ganacias que están generando las inversiones culturales. Es más fácil que los economistas valoren los réditos simbólicos, específicamente culturales, y los frutos políticos de gobernabilidad y equidad derivados de políticas orientadas a una mejor distribución y un acceso más amplio de la población a estos bienes, así como por la proyección internacional de la cultura mexicana.
Es demasiada coincidencia que el gobierno de México quiera desaparecer instituciones de educación, investigación y promoción de las áreas comunicacionales y agropecuarias, las dos en que se concentran las disputas por el acceso de nuestros productos a los mercados del hemisferio norte en la OMC y el ALCA. En vez de suprimir esos organismos, habría que encomendarles estudios sobre como mejorar la exportación para que nuestros productos agrícolas, artesanías y películas, entren en el Primer Mundo.
Para desarrollar la producción endógena y exportar mejor, las instituciones latinoamericanas debieran contar con estadísticas culturales y estudios sobre públicos, como ocurre en el departamento de investigación de los ministerios de cultura de Canadá, Francia y los países con desarrollo cultural más consistentes. Las negociaciones de libre comercio vuelven urgente contar con esta información que hoy no tenemos, así como estudios sobre cómo proteger los derechos de autor, la propiedad en los patrimonios tangibles e intangibles. Colombia creó después de vacilaciones su ministerio de cultura. Chile acaba de establecer un Consejo Nacional para la Cultura que coordina organismos antes dispersos y planea una fuerte expansión. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, están buscando fortalecer el Mercosur y proteger conjuntamente el desarrollo endógeno de sus culturas frente al embate de Estados Unidos y el ALCA. Pero es necesario que estas reacciones críticas se conviertan en políticas duraderas. Por ejemplo, conseguir que el presupuesto de cultura se acerque al uno por ciento recomendado por la UNESCO, que los movimientos culturales y los organismos públicos elaboremos posiciones acordes con la potencialidad de América Latina en las actuales condiciones globales, sin dejar librado el lugar de los bienes culturales en los acuerdos de libre comercio a quienes sólo valoran las películas o los libros por el volumen de ventas y la recaudación fiscal. Las políticas no crean cultura, pero favorecen o perjudican las condiciones de su comunicación. Si están a cargo de especialistas pueden ayudar a no confundir el valor con el precio, ni la libre comunicación entre culturas con el comercio de aduanas.
García Canclini, es antropólogo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México (país en el que reside) y autor de ensayos como “Culturas híbridas” y “La globalización imaginada”.-----------------------------------------------------------------------
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